El Estado puede influir sobre la renta de equilibrio de tres maneras diferentes:
- Compra de bienes y servicios (G), por ser éste un componente de la Demanda Agregada.
- Los impuestos: no son directamente un componente de la demanda, pero afectan a la diferencia entre renta y renta disponible.
- Las transferencias, que tienen un comportamiento similar al de los impuestos.
Hay dos tipos de políticas:
- La Política Fiscal Expansiva es la que aumenta la Demanda Agregada, y normalmente adopta una de las siguientes formas:
- Incremento en el gasto público de bienes y servicios.
- Reducción en los impuestos.
- Incremento en las transferencias, como subsidios por desempleo.
- La Política Fiscal Contractiva es la que reduce la Demanda Agregada, mediante:
- Reducción de las compras del Estado en bienes y servicios.
- Aumento de impuestos.
- Reducción en los pagos de transferencias.
Recordamos la determinación del equilibrio:
Ante un aumento en el gasto, el aumento total de la producción será un múltiplo del aumento inicial en las compras del Estado. Esto se debe al efecto multiplicador.
Las variaciones en las transferencias no producen un efecto directo sobre la Demanda Agregada, porque sólo una parte de las mismas se gasta.
Tampoco las variaciones en los impuestos, que producen una variación inicial en la demanda de consumo al actuar sobre la renta disponible.
Debemos distinguir entre variaciones discrecionales en el presupuesto del Estado y estabilizadores automáticos. Se denominan estabilizadores automáticos a los pagos de transferencias y los impuestos, que tienen efecto de política fiscal expansiva cuando la economía se contrae y restrictiva cuando la economía se expande. Las políticas fiscales discrecionales son las que resultan de una serie de medidas deliberadas acordadas por los responsables de política económica.
La diferencia entre los ingresos y los pagos del Estado se denomina Saldo presupuestario:
SP = Impuestos – Compras – Transferencias. Cuando es positivo, existe un superávit presupuestario. Si es negativo, déficit presupuestario.
Si hay déficit, hay que financiarlo y esto conlleva a inflación, la cual beneficia al acreedor pero perjudica al deudor, es decir, afecta más a las clases menos favorecidas. Otra manera de financiar el déficit es emitiendo deuda pública. Al generarla, hay que devolver el principal más los intereses. Si los intereses son cada vez más altos, se reduce el margen de discrecionalidad del Sector Público. Cuando es difícil financiarse, hay que reducir el gasto para cubrir las necesidades de la deuda y afrontar la recesión.
En definitiva, las políticas presupuestarias pueden dar lugar a un crecimiento. Aceptar el déficit supone que hay que financiarlo y al aceptar el superávit consideramos que crecemos menos porque el sector público gasta menos, por lo que se limita la posibilidad de crecimiento futuro. Por ello, hay que entender el déficit y el superávit en función de un ciclo, es decir, mantener un equilibrio presupuestario a l/p. Se trata de ajustar el ciclo y admitir que haya superávit en las zonas expansivas para que luego éste compense el déficit de las zonas de recesión.
La deuda pública es la deuda estatal cuyos propietarios son los particulares e instituciones privadas.
La deuda pública como porcentaje del PIB es un indicador muy utilizado para medir el nivel de endeudamiento del Estado. Cuando un Estado tiene déficit crónico la deuda pública aumenta, lo que origina problemas de dos tipos:
- El Estado compite con la inversión privada (efecto expulsión).
- Se comprometen los futuros presupuestos.