Con el fin de la Guerra Civil, el régimen franquista ejerció una fuerte represión, respaldada por la Ley de Responsabilidades Políticas y la de Represión del Comunismo y la Masonería, contra todos los del bando republicano, sospechosos de poder ser simpatizantes de la República y gente con relación directa a ellos, a los que se les denominaba “enemigos de la Patria”.

            El brazo represor era el ejército, encargado de juzgar a las personas encarceladas desde la ocupación militar sin independencia política. Así sucede hasta que se crea el Tribunal de Orden Público en 1963, que trataba asuntos civiles, dejando solo los políticos en manos del ejército.

            El Franquismo dejó un saldo de más de 50 mil personas fusiladas y de 300 mil encarceladas, lo que supuso una insuficiencia de espacio en las cárceles, y tuvieron que usar conventos y castillos vacíos, plazas de toros etc. Muchos de esos presos formaron los Batallones de Trabajo, grupos encargados del desarrollismo público, como la construcción del Valle de los Caídos.

            La represión también supuso la requisa de los bienes de los presos políticos que poseían altos cargos. Muchos de los perseguidos fueron intelectuales y maestros, pues era el sector social que más usaba su libertad de pensamiento.

            Las lenguas catalana, euskera y gallega fueron prohibidas para documentos y actos públicos bajo el principio de unidad nacional.